4 años de la ley de identidad de género en Chile: ¿En qué estamos?
“En 2020 los casos se dispararon, registrándose 1.266 contra la comunidad LGBT+, lo que supuso un aumento del 14,7 % con respecto al año 2019, según el informe del Movilh. Posicionándose como la cifra más alta desde que se tienen registros.”
Este artículo fue publicado por primera vez el 28 de junio de 2022 en LinkedIn
Por Juan Alfaro
Si investigamos las cifras que nos proporcionan diferentes entidades respecto a la violencia que reciben las personas trans en su día a día, no alcanzan números para dimensionar la realidad en nuestro país. Debemos considerar que tales cifras son personas, que por no entrar en la heteronormatividad socialmente establecida, son brutalmente asesinadas, violentadas y discriminadas. Desde esa propia incomodidad, una vez escuché, también existe un rol político del cuerpo trans frente a la imposición de lo uno o lo otro, de la binariedad de la mujer y el hombre como únicas corporalidades que se deben habitar.
Veamos algunos estudios para que te enteres de lo que sucede. El sondeo sobre discriminación y salud afectivo-sexual en mujeres trans, realizado por el Movilh el 2020 reveló que el 70% se ha infligido daño a raíz de la transfobia y un 39% intentó suicidarse, 93% ha sido discriminada y el 43% no estudia, ni tiene trabajo remunerado producto de la discriminación.
Frente a este escenario, se abrió una vía que fue sedimentada por una multiplicidad de vivencias. La Ley de Identidad de género fue promulgada el 2018, su historia se remonta al 2013, e incluso, mucho más atrás. Pero debemos entender que una ley, si bien contribuye a garantizar derechos que no tenía anteriormente la comunidad trans en Chile, debe ir acompañada de una reconstrucción de la memoria y una reparación, pues históricamente los propios aparatos del Estado chileno han violentado y asesinado a la comunidad trans.
El 7 de mayo de 2013, se ingresó por primera vez en el Senado, un proyecto de ley que buscaba “Reconocer y Proteger el Derecho a la Identidad de Género”, un borrador que cinco años después, y tras varios debates y modificaciones, fue promulgado el 28 de noviembre de 2018.
A grandes rasgos, la ley se ajusta al principio de la no patologización; o sea que deja de considerar a las personas transgénero como enfermas o con un trastorno. Terminando así con las exigencias de informes médicos, psicológicos y tratamientos de modificación corporal. Además, permite el cambio del nombre y sexo registral de una persona en su documento de identidad.
En este caso, uno de los puntos más debatidos fue la cuestión de la edad, estableciendo que jóvenes de entre 14 y 18 años puedan solicitar el trámite con el permiso y apoyo de sus representantes, asistiendo además a un Tribunal de Familia donde se deben mostrar antecedentes sobre el contexto psicosocial y familiar.
Memoria, justicia y reparación 🏳️🌈
Desde su entrada en vigor el 27 de diciembre de 2019, más de 2.500 personas han cambiado su nombre y sexo registral. Este sin duda es un evento que alivia la fuerte carga discriminatoria que reciben las personas trans en instituciones y otros espacios. Y si bien el foco de la Ley 21.120 está puesto en el derecho a la identidad de género, la rectificación de sexo y nombre registral, el problema de fondo es mucho más estructural y cultural, pues las cifras de crimenes por trasnfobia aumentan cada año.
En 2020 los casos se dispararon, registrándose 1.266 contra la comunidad LGBT+, lo que supuso un aumento del 14,7 % con respecto al año 2019, según el informe del Movilh. Posicionándose como la cifra más alta desde que se tienen registros. Y si bien el 2021 bajaron las denuncias, en lo que va del año 2022 la brutalidad de los ataques es la tónica.
En marzo, Amelia, joven trans femenina quedó hospitalizada y en coma inducido tras sufrir un ataque transodiante en Santiago, a plena luz del día, en el que fue apuñalada en reiteradas ocasiones. En la ciudad de Iquique, a principios de junio, el cuerpo de la dirigenta trans Yuridia Pizarro, de 55 años, fue encontrado en una playa al norte de la ciudad. Luego de pasar 4 días desaparecida y con una denuncia por presunta desgracia, uno de los asesinos confesó el crimen.
Es difícil celebrar un día del orgullo cuando afuera todavía existen muertes. Si bien una ley puede dar garantías que la población trans no tenía, y que por cierto costó tener, la violencia, la humillación y la injusticia son los obstáculos constantes por parte de la sociedad y las instituciones. Más que leyes, lo que se necesita es la reparación histórica, más que palabras, lo que se necesita es la reconstrucción de la memoria de miles de nombres, rostros y vivencias de la población trans en Chile. Más que días para celebrar, se necesita memoria, justicia y reparación.
